El reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial describe los efectos devastadores de los fenómenos climáticos extremos y los impactos del cambio climático que se observa en América Latina y el Caribe. En toda la región, los países están siendo fuertemente afectados por inundaciones, sequías, olas de calor y huracanes, los cuales causan la pérdida de cientos de vidas, grandes daños a la infraestructura y a la producción, además de los desplazamientos de población.
La clasificación y la identificación de los gastos climáticos es un paso crucial para los países. La identificación y medición de los gastos públicos climáticos facilitaría una buena gestión de los mismos, dado que permite saber cuánto y en qué se gasta, a la vez que posibilitaría el seguimiento y la evaluación a la gestión climática, aspectos fundamentales para un análisis de los riesgos fiscales asociados a los impactos climáticos y la transición hacia economías de cero emisiones netas.
Por ello es importante contar con una metodología consistente y coherente que contribuya a la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales, la evaluación de los impactos del accionar público sobre el cambio climático, y el mayor acceso a financiamiento oportuno.
El presupuesto público es la herramienta en la que los gobiernos materializan sus agendas y la gestión que van a llevar adelante en la ejecución del mismo a lo largo del año, y en cada uno de los períodos en los que se extienda el mandato.
Clasificadores presupuestarios
Los presupuestos se elaboran sobre la base de lo que se denominan clasificadores presupuestarios, cada uno de los manuales de cada Estado selecciona la manera de exponer el gasto público, así podemos encontrar clasificadores del gasto por objeto, por jurisdicción, por ubicación geográfica, por mencionar los más habituales, lo que denominamos criterios claros que faciliten el proceso de clasificación, o bien estandarizar un modelo. Cabe señalar que en el marco de los clasificadores mencionados precedentemente, los organismos presupuestarios no cuentan con la posibilidad de registrar los gastos que se realizan y que contribuyen a alcanzar los objetivos de política pública en materia de lucha contra el cambio climático.
El desarrollo de una metodología que permita identificar los gastos que tienen incidencia climática implica que se tiene que reconocer la demanda de quien toma las decisiones, para luego diseñar un esquema de clasificadores que conecte de manera coherente, esas demandas con el sistema contable que posee el área de presupuesto estatal.
Para encontrar la implementación de este tipo de metodologías presupuestarias tenemos que mirar a países como Costa Rica y República Dominicana, los cuales en el marco de la intervención de los programas de gobierno promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han avanzado en la estandarización de clasificadores presupuestarios.
En el caso de los gobiernos, no debe escapar a un diseño que permita elaborar sus presupuestos como así también sus informes de gestión de una manera acorde a un estándar respecto de sus clasificadores presupuestarios y que los mismos estén orientados a exponer sus acciones respecto a la lucha contra el cambio climático.
Pero no sólo el Estado en todas las escalas (nacional, provincial y municipal/comunal) tiene obligaciones para ejecutar acciones en la lucha contra el cambio climático, sino que también las organizaciones necesitan generar reportes. Los estándares GRI representan las mejores prácticas a nivel global para informar de forma pública los impactos económicos, ambientales y sociales de una empresa. Es considerado como la mejor práctica internacional que facilita metodológicamente la elaboración de informes que puedan, entre sus más importantes utilidades, la de ser comparables.
Metodología activa en Santa Fe
En la Provincia se ha avanzado en la elaboración de un presupuesto de género, un gran avance institucional celebrado por toda la sociedad, así como esta metodología se implementó, los gobiernos tienen la obligación de desarrollar un presupuesto sostenible el cual sea un modelo de gestión que muestre a la sociedad que la asignación de los recursos públicos son para el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible.
La situación es bastante grave. Las actividades humanas son responsables del aumento en la temperatura promedio del planeta, y los compromisos de mitigación presentados por los países bajo el Acuerdo de París son insuficientes para alcanzar las metas establecidas.
El cuidado del Planeta es una obligación de todos y, para eso, debemos empezar desde nuestro quehacer diario.
No hay que dejar de destacar que si el Estado por medio de regulaciones impone que se universalice la generación de reportes de sostenibilidad por parte del sector privado, mal puede no hacer su propio reporte de sostenibilidad, más aún, debería ya estar elaborando metodologías para mejorar los presupuestos públicos con una visión sostenible del gasto público.
La sociedad a través de los distintos actores debe visibilizar la necesidad de contar con información sostenible por parte de los gobiernos, para luego comenzar a exigir a través de la participación ciudadana que se expongan los elementos de forma transparente en cuanto a dar respuesta a la pregunta; ¿Qué hace el Estado para cuidar el ambiente?
Fuente: Instituto de Investigaciones Contables