La denominada Ley Lucio fue sancionada el 13 de abril de este año por el Congreso, y reglamentada en julio. Originada tras el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que sufrió una brutal golpiza por parte de su madre y de su pareja, prevé campañas de concientización sobre la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los tres poderes del Estado Nacional.
Magdalena Galli Fiant, es abogada y especialista en Derecho de Familia, directora del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos de Santa Fe (RUAGA) y docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe.
En una charla para el programa Nuevamente, Galli Fiant explicó cómo esta ley, que surge a raíz de un hecho terrible, desnuda una situación recurrente: la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
“El objetivo de la ley es crear un programa de capacitación a nivel nacional pero también, promover mecanismos a través de los cuales se puedan formalizar denuncias con reserva de identidad para facilitar la visibilización de situaciones de violencia que puedan sufrir los niños, sin poner en riesgo la integridad de aquellas personas que presentan la denuncia”.
La normativa establece que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), del Ministerio de Desarrollo Social, queda facultada para celebrar los acuerdos o convenios necesarios para impulsar un Plan Federal de Capacitación con los organismos o dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación.
En la provincia
Al respecto la Dra. Galli Fiant explica que todas las leyes creadas por organismos, sistemas o programas a nivel nacional no son de aplicación inmediata en todo el país, sino que, por la organización federal, se invita a las provincias a adherir a través de sus propias leyes y luego éstas hacen lo propio con los municipios. En el caso de la provincia de Santa Fe, todavía no se ha definido una adhesión y hay una situación legislativa que debe resolverse, “pero entiendo que no habrá objeciones en adherir”.
Sobre la Ley Lucio, la directora del RUAGA destaca que “responde a la indignación social y de las instituciones, que se pone de manifiesto cuando se da un hecho de esta magnitud. Pero la realidad indica que no fue un hecho aislado, sino que hay miles de niños que todos los días están padeciendo situaciones que, quizás no llegan a un homicidio, pero implican gravísimas vulneraciones de derechos. Algunas son vistas por el Estado, a través de diferentes canales y determinan la intervención de la Secretaría de Niñez, pero muchas otras no son vistas o lo son tardía o parcialmente; a través de quien está en un centro de salud o en la escuela”, señaló.
Particularmente, en el caso de Lucio Dupuy, “ya había una intervención jurisdiccional a raíz de un conflicto familiar que determinó una intervención. Pero tiene que seguir preocupándonos la cantidad de chicos y chicas que no son vistos en la vulneración de sus derechos y que transcurren su vida en esas sombras que significa el ejercicio de la violencia contra ellos”, manifestó la Dra. Galli Fiant.
Trabajar coordinadamente
Seguramente todos coincidamos en que la iniciativa de estos programas de capacitación dirigidos a agentes del Estado, desde los funcionarios con mayor jerarquía hasta los empleados de las diferentes áreas, tiene su valor. Desde su lugar, Galli Fiant aclara que tiene una eficacia muy limitada porque, “es seguir fertilizando un terreno que ya lo ha sido otras veces y que está siendo atendido, pero tenemos zonas áridas alrededor que no estamos atendiendo.”
Tanto el Poder Ejecutivo desde la Secretaría de Niñez o el RUAGA, el Poder Judicial a través de los juzgados de Familia y el Poder Legislativo, desde la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, trabajan con un mismo objetivo; sin embargo, “nuestras intervenciones no son lo suficientemente eficientes” apunta la abogada. En ese sentido plantea la necesidad de establecer líneas de trabajo que no estén sujetas a los cambios de gestión. “Tenemos que apuntar a trascender las gestiones, porque si hay objetivos de trabajo, especialmente en la protección de los niños frente a la violencia, ésta no puede estar determinada por tal o cual color político que ocasionalmente esté al frente del estado”.
En esa línea, señala la necesidad de crear, dentro de los juzgados con competencia en materia de familia, equipos con profesionales diferentes áreas, hecho que no existe en nuestra provincia actualmente y que colaborarían en el abordaje de manera más eficiente y coordinada de situaciones complejas de familia, “incluso aun cuando la violencia no se haya notado, como seguramente sucedió en el caso de Lucio”.
Finalmente, Magdalena Galli Fiant, destaca la necesidad de dar continuidad y promover el trabajo no solo desde la difusión a través de campañas de concientización, sino con todas aquellas herramientas que el Estado pueda disponer.
“Vemos, por ejemplo, como hace años que venimos escuchando mensajes sobre la violencia de género, y esto no redunda en una reducción de los casos. Desde los lugares de decisión y también en el ámbito académico, la tarea es informar a la comunidad sobre cuáles son las vías para formalizar denuncias, quién es la autoridad competente en tal o cual área, porque existen muchísimas puertas dentro del Estado relacionadas con la violencia hacia los niños y poca información sobre cuál es ‘esa’ puerta que yo tengo que tocar en caso de querer denunciar una situación concreta de violencia. Eso tenemos que esclarecerlo y en eso los propios organismos del Estado primero tienen que saber exactamente cuáles son sus atribuciones, dónde no tienen que dejar huecos y dónde no tienen que superponerse”, concluyó.