En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, celebrado cada año el 10 de diciembre, el Lic. Juan Pablo Jullier, Director del Observatorio de Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, comparte una nota nota de opinión acerca del conflicto en Medio Oriente.
El Sistema Internacional funciona bajo la ficción que todos los Estados son jurídicamente iguales, esto es, que ninguno tiene mayor jerarquía que otro y que solo aquellas funciones que voluntariamente se delegan pueden ser ejecutadas por organismos internacionales como Naciones Unidas, pero en la práctica estos actores supranacionales, al igual que los países que participan en ellos, bailan un vals cuyo paso y ritmo es determinado por los intereses de las grandes potencias mundiales.
Hace algo más de 100 años, tras finalizar la Primera Guerra Mundial y disolverse el Imperio Otomano, los países aliados hicieron uso de su poder y determinaron arbitrariamente los límites a partir de los cuales, bajo el control territorial de Francia y Reino Unido, se configurarían los Estados de Medio Oriente, pasando por alto el principio jurídico internacional de autodeterminación de los pueblos y obligando a una tensa, por decir lo menos, convivencia entre etnias con conflictos históricos e irreconciliables.
En este conflictivo contexto vio su nacimiento el joven Estado de Israel, cuya formación puede remontarse al Primer Conflicto Árabe – Israelí de 1948, aunque como nación, el pueblo israelita tiene un origen que precede largamente esta fecha. Durante este enfrentamiento, el territorio de Palestina bajo mandato británico se disolvió dando origen a uno de los conflictos territoriales más extensos de la historia contemporánea. Desde ese entonces, los palestinos han intentado, sin éxito, ser reconocidos como Estado por la comunidad internacional.
En gran medida, el fracaso palestino se explica por la asociación estratégica que ha desarrollado Israel con los Estados Unidos y sus aliados internacionales. Esta asociación ha sido sumamente útil para la protección de los intereses de Washington en medio oriente y para garantizar la seguridad de Tel Aviv, ambos en riesgo ante una posible, aunque difícil, unificación e integración del mundo árabe.
Tras años de reclamos en los organismos internacionales, el pueblo palestino ha acumulado una gran cuota de frustración, sentimiento que resulta un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de organizaciones extremistas como Hamas, el más grande entre los varios grupos islamistas palestinos cuyo origen se remonta a los primeros días de la Intifada de 1987 contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, declarado como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias.
Desde el año 2007, Hamas tiene el control de la Franja de Gaza un territorio que por derecho pertenece a la Autoridad Nacional Palestina, quien continúa siendo la autoridad gubernamental oficial de Palestina, pero que perdió el mando de esta región, la cual se declaró autónoma y es escenario habitual de enfrentamientos armados con las Fuerzas Armadas israelíes.
El 7 de octubre, Hamas lanzó el mayor ataque registrado hasta el momento contra Israel, provocando una fuerte reacción y consiguiente escalada del conflicto armado, que acabó con miles de muertos, otros tantos rehenes y un bloqueo casi infranqueable sobre territorio palestino, cuyas consecuencias recaen también sobre la población civil, al volverse imposible el ingreso de alimentos, medicamentos y otros bienes de consumos básicos.
Sobra decir que este nuevo episodio del enfrentamiento entre Israel y Palestina supone una crisis humanitaria de grandes dimensiones, agravado por un contexto internacional en donde la mayoría de los países occidentales tienen sus agendas cooptadas por asuntos domésticos de urgente resolución, mientras que Naciones Unidas no posee el poder suficiente para enfrentarse a los intereses de las potencias y mucho menos aún, el liderazgo para unir a la comunidad internacional detrás de una posición común.
Así, los derechos humanos que deberían ser garantizados por el sistema jurídico internacional, ceden bajo los intereses de las grandes potencias, en un juego geopolítico en el que la solución difícilmente deje satisfechas a todas las partes involucradas y requiera de largos procesos de negociación donde cada actor deberá resignar una buena cuota de sus intereses en aras de alcanzar un escenario de paz sostenida.
Paradójicamente, hasta el momento, el mediador más exitoso ha sido un país que dista de ser un adalid de la defensa de los derechos humanos, estoy hablando de Qatar, un Estado bajo una dictadura islámica donde las libertades individuales son prácticamente inexistentes, pero que ha significado una pieza clave en la negociación de un alto al fuego que permitió la liberación de rehenes por primera vez desde que inició el conflicto.
Por supuesto Doha no participa de las negociaciones por altruismo, sus propios intereses nacionales lo han llevado a involucrarse en una guerra que puede significar un polvorín en potencia para el mundo árabe si se expandiera regionalmente y alcanzase a actores de mayor magnitud como Arabia Saudita, Egipto o Irán. Si hay algo que el jeque Tamim bin Hamad Al Thani emir de Qatar sabe, es que no hay nada más ruinoso para los negocios internacionales que la guerra.
Cae de suyo que en las condiciones actuales ningún actor internacional puede, o quiere hacer prevalecer los derechos humanos de israelíes y palestinos por encima de los intereses geopolíticos de las potencias y países involucrados. Hasta que esta situación no se revierta, es altamente probable que la crisis humanitaria que supone este enfrentamiento, al igual que el conflicto en sí, continúen durante un extenso período de tiempo.