Un fallo del Supremo Tribunal de Londres afirma que compete al Parlamento decidir sobre el “leave” o el “remain”, abriendo múltiples interrogantes sobre el papel del gobierno en el proceso.
Theresa May asumió recientemente como primera ministra británica, luego de que David Cameron renunciara tras la victoria del “Sí” en el referéndum de junio pasado. Pero acaba de recibir un gran revés institucional y político: el Tribunal Supremo londinense ha determinado que ella no podrá activar el proceso para la salida del país de la Unión Europea (“Brexit”), sin antes recibir la aprobación del Parlamento británico.
La decisión ha sido fundamentada como un intento de la Justicia por equilibrar los poderes. La activación del proceso debe realizarse mediante el Artículo 50 del Tratado de Lisboa (de la Unión Europea), que al invocarse da inicio a un período de negociaciones para la salida del bloque. A partir de ahora, el gobierno de May requerirá el apoyo del Parlamento para lograr su objetivo.
En lo que se considera una decisión histórica, la Justicia de Londres respaldó el reclamo de un sector de la ciudadanía que cuestionaba la prerrogativa del Ejecutivo para iniciar el proceso del denominado “Brexit” sin someterlo previamente a votación parlamentaria. Sin embargo, el gobierno confirmó que recurrirá el dictamen ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial, esperando que se pronuncie al respecto de manera urgente, en un agitado cierre de año para la política británica y europea.