Docentes de la Diplomatura en Inclusión Escolar de la UCSF abordan la temática y los desafíos que hoy se plantean sobre derechos y barreras, inclusión e integración, terminología y nuevas coordenadas.
Desde hace ya muchos años la educación especial tiene un papel importante en el recorrido educativo de nuestro país. La creación de la Dirección de Educación Especial, un 9 de agosto de 1949, marca un hito en esta historia, ya que cada año se recuerda esa fecha dedicándola a los profesores que trabajan con estudiantes con discapacidad.
En este sentido, hablar de Educación Especial refiere al conjunto de mecanismos y aprendizajes adaptados a las necesidades de los estudiantes con habilidades educativas especiales, con el objetivo de proporcionar las herramientas educativas adecuadas a aquellos que sufren algún tipo de discapacidad.
De esta manera, los niños y niñas que no presentan un desarrollo típico “pueden acceder a la formación y desarrollarse en plenitud, de modo tal que puedan insertarse a la vida adulta con mayor facilidad y, en lo posible, llegar a ser adultos independientes, que puedan valerse por sí mismos gracias a la educación recibida”, señala Florencia Gelcich, licenciada en Terapia Ocupacional y docente de la Diplomatura en Inclusión Escolar de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
De lo integrador a lo inclusivo
Con el correr del tiempo, y a nivel mundial, se ha dado un profundo cambio, hasta el punto de la transformación, del paradigma de la integración por el de la inclusión educativa. “La integración educativa respondía al modelo médico/rehabilitador, según el cual las personas debían ajustarse a la normalidad -lógica homogeneizadora-, en donde se diseñaban recursos para las personas en función de sus limitaciones teniendo en cuenta lo que no podía hacer. El límite se localizaba en la persona”, explica la licenciada en Psicopedagogía, Mariana Castellví, docente de la cátedra de Inclusión Socioeducativa de la UCSF.
Por su parte, “la inclusión educativa responde al paradigma social de la discapacidad, donde la riqueza está en la diversidad, la persona está incluida desde sus diferencias -lógica heterogénea-, donde el límite se localiza en el contexto. Los objetivos están orientados a brindar los recursos desde el entorno, minimizando lo que dificulta y potenciando lo que favorece a la persona para que pueda desenvolverse de la manera más autónoma posible”, expresa Castellví.
De este modo, agrega Florencia Gelcich, “la educación especial dejó de tener un recorrido paralelo a la educación formal, para estar estrechamente ligada, interactuando juntas, con el fin de generar una sola educación, que sea inclusiva y para todo individuo; si en la convivencia del día a día nos pensamos diversos, debemos pensar propuestas así para las escuelas”.
Hacer efectivo un derecho
Estamos transitando un gran cambio de paradigmas en relación a los procesos de inclusión escolar, y tanto la Convención de Salamanca, como la declaración de los derechos de las personas con discapacidad y las leyes nacionales, se hacen eco de este escenario, y trabajan en función de los nuevos desafíos.
Según proclama la Ley Nacional 26.206, el estado debe garantizar y brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos (artículo 11, inciso n).
Castellví señala que “el gran desafío es cómo hacer efectivo ese derecho, es decir, cómo construir o transformar sistemas educativos que garanticen las condiciones que se han demostrado imprescindibles para que a todos los alumnos se le brinden las mejores posibilidades, teniendo en cuenta su perfil individual y su contexto”.
Entre algunas propuestas, la Psicopedagoga destaca la necesidad de que todos los profesionales de la educación conozcan los principios del diseño universal en todas sus dimensiones y que se capaciten para poder implementar en sus planificaciones las pautas DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje), como así también en el uso y aplicación de las tecnologías. Tenerlas en cuenta a la hora de planificar, diversificará cada propuesta educativa, brindando variedad de formas para acceder al conocimiento, incluyendo todas aquellas ayudas, técnicas y estrategias didáctico/pedagógicas de la educación especial.
“La inclusión es un derecho de todas las personas, que como tal no admite excepciones o restricciones, ellas están en la debilidad de los recursos y de las voluntades para poder llevarlos a la práctica. Los cambios y las transformaciones que se necesitan dentro del sistema educativo son inmensos y profundos, con compromisos aquí y ahora, en cada contexto, con las circunstancias de cada alumno, y con los equipos escolares y terapéuticos intervinientes”, manifestó Mariana Castellví.
Superar las barreras
El camino de la inclusión aún se está construyendo en ambientes integradores. El propósito de la inclusión es permitir que profesores y estudiantes se sientan eficaces ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer los entornos de aprendizaje; hoy llamadas aulas heterogéneas.
La inclusión debe ser tomada como un proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación de todo el alumnado en la vida escolar con especial atención a aquellos alumnos más vulnerables a la exclusión, el fracaso o a la marginación, detectando y eliminando las barreras que limitan dicho proceso.
Las barreras son las que impiden el ejercicio efectivo de los derechos para lograr la inclusión, entre ellas las prejuicios, creencias y actitudes de todos los actores del escenario educativo (explícitos o no, reminiscencias que aún quedan de los antiguos modelos de la discapacidad).
“Los que trabajamos en estas temáticas enfrentamos un gran desafío y debemos tener una postura activa, entendiendo que la inclusión es un derecho irrefutable. Debemos ser modelos para los que desconocen la problemática, gestionando cambios actitudinales en todas las personas, posibilitando espacios de diálogo e información, compartiendo las acciones que resultaron positivas (fortalezas) para continuar evaluando este proceso multidimensional. Debemos propiciar la formación continua de los docentes y la participación activa de las familias”, concluye Castellví.
Nota publicada en El Litoral