La Universidad Católica de Santa Fe, fiel a su compromiso con la búsqueda de la verdad y la promoción humana, no puede dejar de expresarse ante una realidad tan importante como es la educación en la afectividad y la sexualidad humana.
En tal sentido, la Universidad pretende contribuir en el marco de un contexto democrático amplio al debate sobre el Proyecto de Educación Sexual que ha recibido media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
En primer lugar, rescatamos el valor de las iniciativas legislativas planteadas sobre la necesaria formación de niños, niñas y adolescentes, considerándolas un valioso aporte a la educación integral de las nuevas generaciones.
Comprometidos con el respeto a la libertad de pensamiento, no podemos dejar de manifestar que el mencionado texto legal es intrínsecamente contradictorio. Claramente surge de su redacción la negación de lo que pregona, es decir, se propone un supuesto pluralismo que luego se diluye por la imposición de la obligatoriedad de una educación con un determinado enfoque en sus contenidos, lo que resulta impropio para una norma general y va en contra de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Educación y nuestro orden jurídico provincial.
Creemos que una norma de este tenor, tal como está redactada, impide la implementación y el sostenimiento de un proyecto educativo humanista y cristiano, reflejado actualmente en el ideario de numerosas instituciones educativas, muchas de ellas con trayectoria centenaria en educación y de probada y reconocida valoración social, en clara contradicción con lo mandado por las leyes nacionales 26.206 y 26.150.
Estamos frente a un proyecto de ley que limita el conocimiento con el argumento de evitar visiones reductivas, que parcializa los contenidos cuando define la “integralidad” de la educación sexual, que aspira a garantizar derechos excluyendo otros como la objeción de conciencia, la libertad de culto y la no discriminación por convicciones morales y religiosas.
Paradójicamente se establecen mecanismos rígidos de control que estarían facultados para exigir el cumplimiento y fidelidad a una determinada terminología que se presenta a priori como de gran amplitud e imprecisión.
Comprendemos que, en el marco del debate de las ideas, aparezcan diversas visiones con alto contenido ideológico, pero aspiramos a que ello no se traduzca en una imposición política que restrinja la libertad constitucional de enseñanza de las instituciones, ni el derecho indelegable de los padres de poder elegir el proyecto educativo que armonice con sus ideales (artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, artículo 12.4 Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 110 de la Constitución Provincial).
Propiciamos una ley que garantice los derechos fundamentales y el respeto de la dignidad humana, las libertades individuales y colectivas con un criterio amplio y verdaderamente pluralista, que fortalezca el vínculo familia-escuela y fomente el conocimiento y la responsabilidad sin negar la realidad natural y trascendente del ser humano.