El 27 de febrero del corriente año nos manifestábamos, en nombre de nuestras Facultades de Derecho de todo el país, señalando que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) había decidido claramente hacer del aborto una política pública. Y lo fundamentábamos con distintos antecedentes y declaraciones del Sr. Presidente de la Nación, así como del dictado de la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud que aprobó el denominado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho (sic) a la interrupción legal del embarazo”.
El 31 de diciembre de 2019, en manifestaciones a los medios, el Presidente afirmó que el aborto “es un problema de salud pública”, que “hay que garantizar a la mujer que quiera abortar, la posibilidad de abortar. Y a la mujer que quiera tenerlo, posibilidad de tenerlo”, anunciando que “Mi intención es mandar el proyecto en este ejercicio 2020”.
Las políticas públicas deberían tener siempre como objetivo trascendente el bien común e, inexcusablemente, la preservación de la vida del ser humano – de cada ser humano – y su desarrollo pleno en sociedad. La política de salud pública debería ordenarse a esto en particular.
Compartimos el texto de la declaración completo